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Participación Ciudadana

La participación no solo es un precepto constitucional, es un derecho que ha venido afinándose en sus desarrollos filosóficos de reconocimiento del individuo como protagonista de las democracias que pretende trascender la democracia delegataria hacia una más directa y participativa.

 

La corporación hace un esfuerzo permanente desde la Gestión de una Cultura Ambiental, para  orientar de manera incluyente los distintos procesos, bajo la consideración de que todos los actores de territorio deben participar activamente como requisito para afianzar la democracia.

 

El enfoque de participación busca fortalecer la gobernanza estableciendo sinergias entre los diferentes actores (interna y externamente) con el objeto misional de proteger y conservar los ecosistemas asociados, que conforman la estructura ecológica  principal. La estrategia para el logro de este propósito esta cimentada en la promoción y  la conformación de instancias formales de participación comunitaria para la gestión ambiental.

 

Invita además, a establecer un dialogo de saberes y la apertura de escenarios que desde la lectura crítica del territorio permita compartir experiencias y aportar desde la vivencia de cada  actor, iniciativas ciudadanas para  Construir territorios sostenibles en lo ambiental, productivos en lo económico, y estables en lo social y político.

 

Indispensable para el logro de este propósito está el fomento de procesos de construcción de capacidades, habilidades y competencias, así como la democratización de la información para la gestión del capital natural y su gobernanza,  redundando en el fortalecimiento del capital humano.

 

Razones todas estas,  que como se ve, promueven las condiciones para que la comunidad pueda: Ser parte, Tomar parte, Sentirse parte. 
Igualmente dar a conocer el compromiso de la entidad por promover e implementar acciones concretas que garanticen seguridad territorial entendida “… como la capacidad de un territorio para ofrecerle a sus habitantes determinadas condiciones de “estabilidad y resiliencia” (Chauz 2012), que impidan o hagan manejo adecuado  de amenazas naturales  socio-naturales, y de la vulnerabilidades de la infraestructura, como las viviendas, escuelas, hospitales, entre otras. Evitando que pueden convertirse en emergencia, desastre y/o calamidad pública.

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